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Confederación Rerum Novarum exige archivar proyecto de Ley de Empleo Público

*Es injusto e inaceptable penalizar con este proyecto a los trabajadores y a las trabajadoras del sector público y a sus familias, y deteriorar gravemente los servicios a la ciudadanía.

El día de hoy la Comisión Permanente Especial sobre Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa comenzará el análisis del voto de la Sala Constitucional sobre el Proyecto de Ley de Empleo Público.

Ante esta iniciativa que afecta gravemente los derechos fundamentales y las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores públicos, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) pone en conocimiento de la sociedad costarricense su rechazo a este  proyecto de ley, y hace un llamado vehemente a las señoras diputadas y señores diputados para que se archive, en vista de que no es posible ni razonable enmendar las 35 inconstitucionalidades señaladas por los magistrados de la Sala.

Le recordamos a la Comisión y a las y los parlamentarios que este proyecto de ley nunca fue fruto del diálogo social o de una participación y consulta democrática imprescindible con la población afectada. Por el contrario, refleja la imposición de una línea de pensamiento único contra las personas trabajadoras públicas, que justifica la necesidad de quitarles derechos y precarizar su trabajo para reducir el déficit fiscal; un déficit fiscal que en ningún caso fue causado por ellas y ellos.

La CTRN reitera que el camino del diálogo social es el idóneo para abordar cualquier reforma y mejoramiento de los servicios públicos, y deplora la nula capacidad mostrada por el Gobierno para propiciar y canalizar los consensos básicos que son esenciales para la estabilidad y la paz social.

También preocupa seriamente que el Parlamento no sea sensible a las consecuencias humanas y sociales que sufrirían cientos de miles de personas trabajadoras con la aprobación de este proyecto de ley. Especialmente cuando notables juristas nacionales han ofrecido sólidos argumentos relativos a los vacíos y los vicios del proyecto, y cuando la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) al hacer un examen del mismo, a solicitud expresa de la Asamblea Legislativa, llamó la atención de diversos artículos que entran en coalición con determinados convenios OIT ratificados por el país.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) alertó en fallo reciente sobre los riesgos que este tipo de acciones legislativas o gubernamentales pueden entrañar para el ejercicio de los derechos sindicales y la negociación colectiva, tanto en el sector privado como en el sector público.

Por todo ello apelamos al profundo sentido democrático y de justicia social que la Asamblea Legislativa debe representar, y con todo respeto solicitamos a las señoras diputadas y los señores diputados archivar este proyecto de ley.

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