Situación y perspectivas de futuro de Costa Rica desde la visión de la CTRN

El día de ayer 4 de octubre una representación del FMI en Costa Rica invitó al sindicalismo nacional a una sesión de consulta virtual sobre la situación y perspectivas de futuro del país. La CTRN, en la persona de su Secretaria General, Fanny Sequeira Mata, expuso la siguiente síntesis para dicho organismo internacional:

1) La situación del país es crítica, con deterioro creciente de instituciones esenciales para la democracia, la estabilidad y la paz social. La desigualdad y las brechas sociales se han profundizado vertiginosamente en los últimos 4 años, sin creación efectiva de empleo decente, como efecto tanto de algunas leyes aprobadas en esta legislatura, como por las iniciativas gubernamentales y parlamentarias orientadas a reducir derechos para abaratar costos laborales, restringir el ejercicio de las libertades sindicales, la huelga y la negociación colectiva, afianzando la imposibilidad de constituir sindicatos en el sector privado, y cerrando instituciones de protección social de las que no puede la ciudadanía prescindir para la atención de múltiples necesidades, siendo que más bien deberían ser fortalecidas y mejoradas. Las pretensiones codiciosas de privatización de los servicios públicos han sido rechazadas por el pueblo, pero persisten en sus intenciones, y las organizaciones sindicales se han opuesto a la financiación de entes privados con fondos públicos.

2. La pandemia y la crisis económica sin duda son un factor que ha agravado las carencias y ha limitado las posibilidades de los gobiernos para mejorar la política social y gestionar la compleja situación económica del país. Sin embargo, antes de la pandemia de la COVID 19, ya existían serios problemas estructurales, altas tasas de desempleo e informalidad, saturación del modelo económico, y una grave desigualdad creciente que niega oportunidades para la gente.
3. Diversas iniciativas parlamentarias han producido leyes que son perniciosas para las trabajadoras, los trabajadores y las clases medias cada vez más empobrecidas e informalizadas ocupacionalmente. Sin embargo, ni el Gobierno ni la Asamblea Legislativa han reforzado la legislación contra la alta evasión y elusión fiscal, por donde se dejan de recaudar millonarias sumas que no llegan al tesoro público. Hemos insistido en ello en incontables ocasiones, al igual que exigiendo transparencia del Ministerio de Hacienda que oculta información importante sobre el fraude tributario empresarial, y en nada se ocupa en detectar la fuga de capitales a paraísos fiscales tanto de empresas como de las grandes fortunas del país.
4. Las actuales políticas públicas puestas en marcha desde el 2018 han sido y seguirán siendo insuficientes para salir de la crisis y para transitar hacia una nueva normalidad. Por el contrario, algunas de esas políticas nos distancian bastante de poder lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030, de acuerdo con el Pacto Nacional para la Agenda 2030, lo cual es un compromiso asumido con la comunidad internacional, que por ahora no se está cumpliendo. El trabajo decente con derechos y protección social sigue siendo algo ajeno a la agenda política gubernamental.

5. La corrupción y el tráfico de influencias han sido un grave factor de deterioro de las finanzas públicas, al igual que la evasión fiscal, lo que ha aumentado desenfrenadamente sin que se haya logrado contener y erradicar. Sin embargo, siendo la educación un factor clave para el desarrollo, el Gobierno ha reducido en 300 mil millones de colones el presupuesto educativo, justo en el año del bicentenario.
6. La OIT, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU (Sra Mic.hele Bachelet) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han hecho importantes recomendaciones al Gobierno para salvaguardar los márgenes de la democracia y los derechos fundamentales, riesgos que han advertido a tenor, por un lado, de algunas leyes restrictivas aprobadas o en trámite, y, por otro, ante la incapacidad manifiesta y la falta de voluntad del Ejecutivo para impulsar verdaderos procesos de diálogo social, lo que ha llevado a veces a una conflictividad violenta e inusitada en las calles, con actos de represión autoritaria.
7. Por ejemplo, el proyecto de ley de la jornada intensiva 4×3 de aprobarse sería una norma fértil para aumentar la sobreexplotación de las trabajadoras y trabajadores, y sería contraria al espíritu del Convenio 1 de la OIT ratificado por el país.
8. Peor aún es el proyecto de Ley de Empleo Público, que afectaría gravemente los derechos fundamentales y las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores públicos, y que la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) rechaza por injusta, inapropiada para mejorar la racionalidad y eficiencia del aparato público, y, además, no es posible ni lógico enmendar o remendar las 35 inconstitucionalidades señaladas por los magistrados de la Sala.
9. Para afrontar el futuro con éxito la CTRN considera indispensable lograr un nuevo pacto social, centrado en la gente, reforzando la solidaridad social. Los retos del futuro del trabajo, de la transformación tecnológica, la economía digital y del cambio climático, van a exigir respuestas y políticas realmente inclusivas para que nadie se quede atrás. La inversión en empleo, infraestructura y protección social es ineludible. El modelo económico muestra una clara saturación y un alto déficit de oportunidades, lo que implica la necesidad de hacer transformaciones innovadoras del aparato productivo, con políticas activas de empleo orientadas hacia una economía verde y una transición justa. Es evidente para nosotros que el actual Gobierno ha sido incapaz de enfrentar tales retos, ni tampoco el poder legislativo, y que tendrá que ser el nuevo Gobierno el que tendrá que dar un salto cualitativo hacia el desarrollo sostenible con equidad.
10. La CTRN mantiene con firmeza sus convicciones en la democracia, el diálogo social y la participación activa de los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo nacional, porque tenemos muy claro que sin trabajo decente no puede haber desarrollo humano sostenible. Pero este gobierno se ha caracterizado por evitar y eludir el diálogo social, simular y fingir reiterativamente una atención al pluralismo y a la concertación, cuando en definitiva ha hecho todo lo opuesto, es decir, ha actuado con sectarismo, prepotencia, autoritarismo y arbitrariedad en múltiples ocasiones, lo que ha hecho imposible lograr acuerdos o establecer estándares mínimos de consenso social.
11. Por todo esto, la CTRN no puede aceptar que en las negociaciones del Gobierno con el FMI se pretenda obtener préstamos a cambio de perjudicar a la población trabajadora y sus condiciones de vida. No es ético, ni aceptable, ni patriótico, obtener créditos a costa de vender los derechos humanos, sociales y laborales de las personas. No podemos estar de acuerdo con aceptar dinero a cambio de empobrecer a las familias, limitar o eliminar sus derechos civiles, económicos y laborales, para tan sólo endeudar todavía más al país, a nuestras hijas e hijos y a sus hijas e hijos también. Definitivamente ese no es el camino para el progreso con justicia social.

Fanny Sequeira Mata

Secretaria General 

CTRN