LA COSTA RICA DEL BICENTENARIO DE CARA AL FUTURO

Hoy celebramos 200 años de independencia, recordando con respeto a nuestros próceres, e inspirándonos en ellos para asumir el reto y la responsabilidad de proyectarnos hacia el futuro con esperanza, con espíritu de lucha y superación, y con la certeza de que la justicia, el Estado Social de Derecho y la cohesión social son la base de una Nación unida y próspera.

Para las trabajadoras y trabajadores el camino del progreso y la justicia social no ha sido un camino fácil. La historia del bicentenario refleja los enormes abusos que en ambas centurias la clase trabajadora padeció para obtener derechos, dignidad y condiciones mínimas decentes para subsistir; hay una inmensa y documentada bibliografía y anecdotario sobre los sufrimientos de los trabajadores y trabajadoras del campo, de los poblados y de las ciudades para obtener sus medios de vida, siendo frecuente que a lo largo de 200 años padecieran la pobreza, la miseria, la explotación y penurias por falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas.

Pero fueron ocurriendo cambios a través de los años que redujeron esos niveles de explotación y que permitieron un desarrollo positivo del Estado Social de Derecho, producto de las luchas de la clase trabajadora y su vocación de consenso social, lo cual trajo importantes instituciones públicas y leyes nuevas que configuraron una división del trabajo más equilibrada y un freno a los abusos del capital sobre el trabajo, fruto de su relación asimétrica.

Hay diversos hitos políticos, sociales y económicos que las historiadoras e historiadores destacan como factores de progreso nacional a través del bicentenario. Desde la gesta de 1856 contra el filibusterismo, con Juanito Mora a la cabeza de la defensa de la soberanía nacional, hasta los avances en materia de garantías sociales de los años 40 y 50 del siglo XX, con Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde, Monseñor Sanabria, el padre Benjamín Núñez y José Figueres Ferrer, entre otros.

El papel de la prensa y los medios de comunicación en distintas etapas también ha tenido una gran influencia, en general con marcados sesgos a favor de los poderes fácticos y de los intereses de sectores privilegiados.

No podemos hablar del bicentenario sin aludir a la propia historia de los trabajadores y trabajadoras, y honrar la memoria de todas las generaciones que han constituido esa historia, con sus tribulaciones, conflictos, luchas, victorias y derrotas para obtener justicia, pan y dignidad. La democracia costarricense no fue una concesión gratuita de las clases dominantes de distintas épocas, sino el resultado de las presiones y confrontación de las clases populares y los movimientos sociales. Dan testimonio de ello las luchas y huelgas como la de 1920, por la jornada de 8 horas o, entre otras, la gran huelga bananera de 1934, en cuya conducción destacó un antiguo peón bananero y escritor nacional, Carlos Luis Fallas (encarcelado 13 meses), ocasionada por los reducidos salarios, las largas y extenuantes jornadas, y las precarias condiciones de vida y trabajo de la fuerza laboral.

Esto significa que, sin dejar de reconocer el mérito de los próceres de cada época, es imprescindible señalar al pueblo costarricense como el principal protagonista del bienestar alcanzado, el cual ha sido difícil mantener en los últimos 30 años, y que ahora corre el riesgo de perderse por los manejos de un núcleo de la clase política al servicio de las élites nacionales, alineadas con las políticas del modelo neoliberal que imponen al país los Organismos Financieros Internacionales, en un contexto de globalización inequitativa que nos subordina a una dependencia comercial y económica siempre favorable a la hegemonía ejercida por las potencias occidentales.

La celebración del bicentenario obliga a las fuerzas vivas de la sociedad a mantener  los avances históricos que en 200 años se han obtenido en los diversos campos de la actividad humana, e identificar aquellos que fueron y todavía son trascendentes para la estabilidad, la democracia y la paz de la Nación. La seguridad social, las instituciones públicas, el derecho del trabajo, los derechos humanos y otros instrumentos para una convivencia más democrática, igualitaria y equitativa, son ya valores patrios y raíces de la cultura costarricense.

Pero con las políticas implementadas a partir de los años 80, muchas de estas instituciones claves han caído en una situación crítica, profundizada vertiginosamente en los últimos 4 años, sin creación efectiva de empleo decente, como efecto tanto por algunas leyes aprobadas en esta legislatura, como por las iniciativas gubernamentales y parlamentarias orientadas a reducir derechos al sector público, restringir el ejercicio de las libertades sindicales, la huelga y la negociación colectiva, afianzando la imposibilidad de constituir sindicatos en el sector privado, y cerrando instituciones de protección social de las que la ciudadanía no puede prescindir para la atención de múltiples necesidades, sino que más bien deben ser fortalecidas y mejoradas.

La pandemia y la crisis económica sin duda son un factor que ha agravado las carencias y ha limitado las posibilidades de los gobiernos para mejorar la política social y gestionar la compleja situación económica del país. Sin embargo, antes de la pandemia de la Covid 19, ya existían serios problemas estructurales, altas tasas de desempleo e informalidad, saturación del modelo económico, y la grave desigualdad creciente que niega oportunidades para la gente.

Las actuales políticas públicas puestas en marcha desde el 2018 han sido y seguirán siendo insuficientes para salir de la crisis y para transitar hacia una nueva normalidad. Por el contrario, algunas de esas políticas nos distancian mucho de poder lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030, de acuerdo con el Pacto Nacional para la Agenda 2030, lo cual es un compromiso asumido con la comunidad internacional, que por ahora no se está cumpliendo. El trabajo decente con derechos y protección social sigue siendo algo ajeno a la agenda política gubernamental. La corrupción y el tráfico de influencias han sido un grave factor de deterioro de las finanzas públicas, al igual que la evasión y la elusión fiscal, lo que ha aumentado desenfrenadamente sin que se haya logrado contener y erradicar. Sin embargo, siendo la educación un factor clave para el desarrollo, el Gobierno ha reducido en 300 mil millones de colones el presupuesto educativo justo en el año del bicentenario.

La OIT, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU (Sra Michele Bachelet) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han hecho importantes recomendaciones al Gobierno para salvaguardar los márgenes de la democracia y los derechos fundamentales, riesgos que han advertido a tenor, por un lado, de algunas leyes restrictivas aprobadas o en trámite, y, por otro, ante la incapacidad manifiesta y la falta de voluntad del Poder Ejecutivo para impulsar verdaderos procesos de diálogo efectivo, lo que ha llevado a veces a una conflictividad social violenta e inusitada, y la represión autoritaria que se ha vivido.

Es necesario honrar el bicentenario con un gran monumento que sea el símbolo permanente de su legado. Para nosotros ese monumento es una auténtica y sólida democracia, en la que quepan todas las personas, en la que nadie se quede atrás, en la que el trabajo no sea mercancía, y en la que la igualdad y equidad de género sean signos constantes de la paz y el progreso real de nuestra sociedad. Ese es también el espíritu de la encíclica Rerum Novarum, la cual es la identidad originaria de nuestra Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).

Para que esto se haga realidad, la CTRN considera indispensable lograr un nuevo pacto social, centrado en la gente, y sumarse para ello a la unidad de acción del sindicalismo a nivel nacional e internacional, reforzando la solidaridad de clase con los sindicatos de nuestra Región, a través de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), y del mundo, a través de la Confederación Sindical Internacional (CSI), a las cuales nuestra Central está afiliada. Los retos del futuro del trabajo, de la transformación tecnológica, la economía digital y del cambio climático, van a exigir al sindicalismo una constante renovación de estrategias para tener respuestas e incidencia en el equilibrio global para beneficio de las trabajadoras, los trabajadores y del pueblo en general.

La CTRN honrará lo mejor del bicentenario con la firmeza de sus convicciones en la democracia, el diálogo social y la participación activa de los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo nacional, lo cual requiere ese nuevo pacto centrado en el trabajo decente y en el futuro del trabajo; una nueva alianza global que permita la inclusión de toda la población al desarrollo humano, económico y productivo del país. Sin trabajo decente no puede haber desarrollo. Sin sindicatos no hay democracia. La CTRN mantendrá su compromiso para traspasar todas las barreras y obstáculos que se le pongan a los derechos y a la dignidad de las personas trabajadoras.